Derrame en Perú: un ecocidio sin precedentes en el país

Desde un oleaje negro que acometió el mar de Hamburgo y la destreza de la imaginación, nació la tierna novela de una gaviota huérfana y el gato que le enseñó a volar. Lastimosamente, lo que ha ocurrido en Perú está muy lejos de parecerse a la magia de Sepúlveda. En efecto, el escenario que se presenta hoy, a dos meses del accidente, solo remite a un relato de horror: se trata de un ecocidio sin precedentes en el país.   

El derrame ocurrió el día 15 de enero 2022, en la refinería La Pampilla, perteneciente a la empresa española Repsol, al norte del Callao, a unos 30 km de Lima.  

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Conforme a las primeras comunicaciones de Repsol, el volumen de crudo derramado correspondía a 0.16 barriles. Luego, cuando el mar se encargó de evidenciar el daño, la empresa elevó el número a 6000. Sin embargo, tras las investigaciones llevadas a cabo por la Unidad Conjunta de Emergencias Ambientales, se descubrió que se trataba de 11900 barriles vertidos en el Pacífico, que liberaron 2100 toneladas de crudo. El accidente ha sido catalogado como la peor catástrofe ecológica de la historia de Perú.  

El desastre ha afectado todas las especies que habitaban la zona. Según el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, que el pasado 15 de marzo ha iniciado un proceso administrativo en contra de la empresa, el derrame ha causado la muerte de 491 especímenes de fauna silvestre. Además, un número indefinido de peces, aves, nutrias, lobos marinos y otros ejemplares se han visto obligados a abandonar su hábitat natural. La mancha negra se ha expandido siguiendo las corrientes, hasta abarcar 713 hectáreas de mar. También el litoral ha sido arrebatado por el derrame: 180 hectáreas de arena han sido envenenadas por el petróleo.   

Otra víctima del derrame ha sido la economía local. De hecho, los pescadores de la zona han perdido su primera fuente de ingreso, pues ya no tienen dónde ni qué pescar. Asimismo, otras actividades han sido afectadas por las consecuencias del derrame: los balnearios de las zonas se encuentran cerrados y los hospedajes están vacíos, pues el turismo ha sido destruido completamente. Para hacer frente a las pérdidas económicas, el Estado, tras un diálogo bilateral con la empresa Repsol, que no incluyó, en la mesa de discusión, a los directamente afectados, ha acordado que ésta entregue hasta 3000 soles peruanos a los afectados, dependiendo de sus actividades económicas para apoyar a las familias. Sin embargo, se trataría de una indemnización irrisoria. El monto no refleja las pérdidas económicas a mediano y largo plazo, pues se calcula que el derrame seguirá perjudicando el bienestar marino durante los próximos seis años, al menos. Inclusive el valor del pescado ha sido perjudicado. Según afirman los pescadores, el derrame afectará los precios a largo plazo, puesto que en el sentido común se instalará la idea que los pescados sean dañinos y no aptos para el consumo. Además, han empezado a surgir hostigamientos en la zona costera, en un país que se encuentra gravemente afectado por la violencia y los conflictos sociales en las zonas de la sierra y selva. De hecho, como consecuencia del derrame, algunos pescadores se han desplazado hacia otros páramos para mantener sus actividades, lo que ha desembocado en disputas territoriales. 

Según cuanto afirmó el presidente de Repsol Perú, la respuesta al accidente no fue tempestiva, pues al parecer en un principio la empresa no se enteró de la extensión del daño. Una vez comprendida la magnitud del accidente, la compañía se comprometió con limpiar las zonas afectadas, asegurando terminar las labores antes finales de febrero. Sin embargo, ya a los pocos días, la empresa había sido acusada de incumplir con la identificación de las zonas afectadas dentro del plazo de tiempo acordado. Al día de hoy, aún falta un inventario de daños detallado hacia las personas, la flora y el ambiente que cuantifique de forma precisa los estragos padecidos y por venir. Es más, hoy en día la limpieza todavía no ha acabado. Aunque la empresa afirme que el 94% de las zonas afectadas estén limpias, la realidad parece ser otra. De hecho, la reciente acción del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), que el pasado 20 de marzo instruyó un nuevo procedimiento para sancionar la Refinería de La Pampilla parecen confirmar las preocupaciones de todos: la empresa no estaría cumpliendo con sus promesas.  

Aunque el Estado peruano se haya activado, imponiendo sanciones y emprendiendo nuevos procedimientos administrativos, el problema principal, la recuperación del medioambiente, sigue sin solucionar. Asimismo, cabe destacar que, al día de hoy, falta cualquier tipo de plan estatal para la recuperación económica de las personas naturales que han perdido sus fuentes de ingreso tras el derrame. La única certeza, es que hasta ahora, las playas, el océano y los peruanos quedan a la merced de esta rayuela de sanciones y promesas sin cumplir, estañados en los miles de remilgos burocráticos y la ausencia de derechos que sancionen efectiva y duramente a las empresas y protejan el medioambiente y sus habitantes.